Tras seis años en el cargo, el Representante Especial de Naciones Unidas para Negocios y Derechos Humanos, el profesor John Ruggie, reconoce que ha realizado progresos en su trabajo desde su nombramiento en 2005. Ahora bien, su acción se ha visto precedida e impulsada principalmente por muchas ONG que llevan décadas denunciando los modales de empresas en ciertos países, especialmente empresas multinacionales. Carlos López, asesor jurídico de la Comisión Internacional de Juristas, una ONG con sede en Ginebra, advierte que las empresas nacionales e internacionales – y los estados de donde provienen – se oponen a toda disposición o texto restrictivo en exceso.
Esas empresas consideran que la normativa podría afectar su capacidad competitiva respecto a empresas de China, India o Rusia, con normativas diferentes más favorables. Fue precisamente hace cien años cuando la Organización Internacional del Trabajo fue creada para establecer unas normas de obligado cumplimiento universal.
Hoy en día se trata de ir más allá de los derechos de los trabajadores. Muchos sugieren, por ejemplo, un conjunto de normas tales como el derecho a un entorno sano. Sin embargo, las empresas y sus respectivos estados no quieren oír hablar del tema. Aducen que tenemos que dejar hacer a los mercados sin imponerles reglas que puedan impedir la buena marcha de sus transacciones comerciales. De lo contrario, frente a normas demasiado vinculantes (por ejemplo, medidas impositivas), temen que ello redunde en menores ganancias y beneficios. Y ahí está el problema.
Un país en el que las normas deben aplicarse con urgencia es la República Democrática del Congo. Navanethem Pillay, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha criticado en repetidas ocasiones las graves violaciones de los derechos humanos en la región, infracciones relacionadas con las actividades mineras y de extracción de recursos naturales, que suelen estar gestionadas por empresas transnacionales.
Muchos grupos armados controlan esas áreas y lo hacen por razones económicas. Son empresas con, a veces, desmedido afán de lucro debido a que estas regiones son ricas en minerales. Todo ello está muy bien descrito en el informe de intromisión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es precisamente en esas bolsas controladas por grupos armados donde la extracción minera está más organizada. Manejan la explotación de recursos creando situaciones de abuso espantoso que muy bien se podrían definir como crímenes internacionales. Por lo demás, esas empresas transnacionales y aquellas ubicadas en otros países son compradoras de esos minerales participando por lo tanto en las transacciones. Existen por consiguiente diferentes niveles de implicación de empresas extranjeras en zonas de conflicto. Y la comunidad internacional hace muy poco para modificar tal situación.
Con todo, la situación en la República Democrática del Congo es seguida muy de cerca por el Consejo de Seguridad. Éste ha establecido códigos de buena conducta y pide a las empresas que presten especial atención al hecho de que los minerales extraídos en la República Democrática del Congo no beneficien a grupos armados ni ayuden a sustentar el conflicto. Por ello, deben proponerse unos objetivos más claros en cuanto al respeto de los derechos humanos. Se deben establecer más y mejores reglas para asegurar que toda la cadena, todas las actividades de cualquier tipo, no violan los derechos humanos. Y que, además no contribuyan a que otras firmas puedan incurrir en semejantes actuaciones.
En junio pasado terminó el mandato de John Ruggie. El primer Representante Especial de la ONU para Negocios y Derechos Humanos ha logrado un acuerdo de mínimos al adoptar una serie de principios comunes. Sin embargo, el relator no quiso que esos principios fueran vinculantes. Por lo tanto, sólo la buena voluntad puede valer como garantía. Lo cual es muy poco en un mundo competitivo de zonas a menudo al margen de la ley en donde muchas víctimas no disponen de ninguna vía de recurso.
